En la Sala Bicameral del Congreso Nacional se llevó a cabo la Presentación del libro “Deforestación e Impunidad. Análisis de Actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial en los Casos de Deforestación en la Zona del Bosque Atlántico del Alto Paraná”, trabajo de investigación realizado y coordinado por el INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), bajo los auspicios de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes, de la Universidad Nacional de Pilar (UNP).

Esta investigación se propone analizar la actuación estatal en materia de persecución penal en los casos de deforestación que han sido denunciados en la zona del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA).

Las informaciones recolectadas y analizadas en este trabajo se presentan en cuatro capítulos y documentos anexos.

La investigación abarca el análisis de 32 causas penales abiertas por la supuesta comisión de hechos punibles contra el medio ambiente, en ella se examina la labor desarrollada por el Ministerio Público y por los Jueces de garantías entre los años 2000 y 2014.

Las carpetas y expedientes corresponden a actuaciones llevadas a cabo en los Departamentos de Caazapá, Alto Paraná, Guairá, Canindeyu, San Pedro e Itapúa.

Las causas fueron seleccionadas atendiendo a las características de los hechos investigados y a las salidas procesales otorgadas. Estas se constituyen en prototipos de la actuación fiscal/judicial de los delitos contra el medio ambiente.

En el Capítulo I se presenta información con relación a la cantidad de recursos e infraestructura que destina el Ministerio Público a la persecución de los delitos contra el medioambiente. En el país existen 424 unidades fiscales, de las cuales solo 19 son especializadas en medioambiente, lo que constituye el 4,4 %. Asunción y Alto Paraná cuentan con tres, la zona del Chaco con dos y el resto de los departamentos solo con una unidad. De las 19 Fiscalías especializadas, algunas llevan casos penales ordinarios. En general, la cantidad de funcionarios es mínima. Existen solo 27 técnicos especialistas para coadyuvar con la tarea investigativa, entre ellos sólo hay cinco ingenieros forestales y cinco ingenieros agrónomos.

En el Capítulo II se muestran los hallazgos en relación a la actuación deficiente del Ministerio Público y el Poder Judicial en la persecución de delitos contra el medioambiente.

En el Capítulo III se desarrolla el análisis y discusión que contrasta las formas de actuación de los representantes del Ministerio Público y el Poder Judicial con los mandatos constitucionales, legales y administrativos que rigen en la materia.

En el Capítulo IV se presenta la conclusión del trabajo investigativo. En este apartado se realiza un balance general de la actuación de los organismos estatales en vista a la persecución de delitos que atentan contra el medioambiente; se caracteriza la reacción y administración punitiva estatal durante la investigación y la respuesta final que se aplica a los infractores.

Los documentos anexos contienen las observaciones de cada expediente analizado en formato de dictamen; el dictamen respecto a una acción de inconstitucionalidad deducida; y la denuncia que se presentó ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra una agente fiscal.

(Deforestación e Impunidad, INECIP, Asunción, Arandura Editorial, Marzo 2016. Introducción)